El equipo legal de Mario Villanueva promueve amparo ante el Juzgado Octavo para proteger la salud del exmandatario estatal
Chetumal, QR. El exmandatario del estado de Quintana Roo ha iniciado una nueva batalla legal en los tribunales federales para impedir su traslado a un centro de reclusión en el estado de Morelos. Se informó que Mario Villanueva promueve amparo con el objetivo de frenar la orden que le obliga a reintegrarse al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, donde todavía debe purgar una sentencia de 36 años y nueve meses por delitos contra la salud. El político quintanarroense sostiene que su condición física actual es incompatible con el internamiento carcelario; por lo tanto, busca que la justicia federal reconozca que su permanencia en un penal federal pondría en peligro inminente su integridad biológica. Actualmente, el exfuncionario se encuentra bajo resguardo domiciliario en la ciudad de Chetumal, medida que obtuvo originalmente durante la pasada crisis sanitaria global para proteger su bienestar ante enfermedades respiratorias graves.
Conflictos de salud
La defensa técnica del exgobernador argumenta que un traslado fuera de la geografía estatal resultaría catastrófico debido a la presencia de múltiples hernias severas que aquejan al procesado. Según los médicos tratantes, el paciente requiere acceso constante a los servicios del ISSSTE en la capital de Quintana Roo, pues cualquier complicación súbita podría derivar en una peritonitis o una obstrucción intestinal mortal. Por consiguiente, Mario Villanueva promueve amparo señalando que el juez de ejecución de penas no realizó una evaluación exhaustiva de estos diagnósticos clínicos antes de emitir su fallo.
Es fundamental mencionar que la solicitud de libertad condicionada fue presentada nuevamente tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, institución que anteriormente se opuso de forma tajante a cualquier beneficio para el sentenciado. De esta forma, el caso se encuentra bajo la lupa del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal, instancia que ya posee antecedentes sobre las garantías previas del político.
Antecedentes del proceso
La historia jurídica del implicado se remonta al año 2001, cuando lo capturaron tras un periodo de clandestinidad, convirtiéndose posteriormente en el primer mandatario estatal extraditado a los Estados Unidos en 2010. En el país vecino, enfrentó cargos por asociación delictuosa y narcotráfico, declarándose culpable de blanqueo de capitales ante una corte en Nueva York que le impuso 131 meses de cárcel. Asimismo, tras cumplir su condena en la prisión de Lexington, lo repatriaron a suelo mexicano para terminar de compurgar los años restantes de su sentencia original por vínculos con organizaciones criminales.
El expediente oficial detalla que Mario Villanueva promueve amparo ante acusaciones históricas que lo ligaban al Cártel de Juárez y a personajes como Amado Carrillo Fuentes o Alcides Ramón Magaña. No obstante, el juez del caso determinó el 9 de mayo de 2025 que el reo debe volver al penal en Morelos, dado que la emergencia sanitaria por COVID-19 terminó oficialmente en mayo de 2023.
Situación jurídica actual
El futuro del exfuncionario depende ahora de la resolución que tome la autoridad judicial sobre la suspensión del acto reclamado en la capital del país. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República mantiene su postura de desechar las peticiones de libertad, argumentando que se deben agotar los términos de la condena impuesta originalmente por el Segundo Tribunal Unitario. En consecuencia, el que Mario Villanueva promueve amparo representa el último recurso para evitar que los agentes federales ejecuten el traslado desde su residencia particular hasta el Ceferepsi. Los registros judiciales indican que aún falta definir la fecha para la audiencia de ejecución donde se presentarán las pruebas definitivas sobre su incapacidad física para el viaje. De fallar en su contra, el exmandatario tendría que abandonar su hogar en Chetumal de manera inmediata para regresar a la custodia federal permanente.
