El gobierno estatal de Nuevo México corta lazos financieros con las polémicas cárceles de ICE este jueves
Nuevo México, EUA. La legislatura de Nuevo México ha marcado un hito histórico al ratificar este jueves una normativa que restringe la operación de cárceles de ICE dentro de su territorio. Esta nueva disposición legal impide que cualquier organismo gubernamental beneficiado con recursos públicos establezca convenios destinados al confinamiento de individuos por faltas administrativas migratorias; asimismo, la ley anula de forma inmediata los vínculos contractuales que se encuentran vigentes actualmente. De esta manera, el estado fronterizo busca distanciarse de las prácticas de reclusión civil que han caracterizado la gestión migratoria en la región sur de los Estados Unidos durante los últimos años.
Fin a los contratos
La normativa no solo limita la infraestructura física, sino que también desmantela la colaboración estrecha entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración. A partir de ahora, tanto la policía estatal como los departamentos de los alguaciles tienen prohibido suscribir pactos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Esta estrategia de colaboración había sido impulsada con vigor por la administración de Donald Trump; sin embargo, las autoridades estatales han decidido priorizar un enfoque diferente que evite la saturación de las cárceles de ICE en su jurisdicción geográfica.
Derechos humanos y migración
Actualmente, el estado cuenta con tres instalaciones especializadas en la custodia de personas adultas migrantes, las cuales poseen un aforo conjunto para albergar a 3,000 internos simultáneamente. Organizaciones civiles enfocadas en la protección de las garantías fundamentales han celebrado esta victoria legislativa, calificándola como un avance indispensable frente a tácticas que consideran inhumanas. De esta forma, la entidad se posiciona como un referente en la defensa de la dignidad humana, mientras las cárceles de ICE enfrentan un cierre inminente debido al cese de la financiación y los permisos legales para su funcionamiento continuo.
