Agenda QR: Ciudad de México, México.– La renuncia de Rosendo Gómez como fiscal especial del caso Ayotzinapa vuelve a poner bajo la lupa la tensa relación entre las autoridades mexicanas y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la salida fue una decisión voluntaria, los representantes legales de las familias insisten en que se trató de una “remoción” forzada. Atribuyen esta acción a la falta de avances, acusaciones de corrupción y una desconfianza acumulada, lo que acentúa la impunidad en Ayotzinapa.
Rosendo Gómez, quien encabezaba desde 2022 la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), deja el cargo en medio de crecientes cuestionamientos sobre la eficacia de su gestión. Vidulfo Rosales, abogado de las familias, declaró a Aristegui Noticias que la decisión fue resultado directo de reiteradas exigencias de los padres. Ellos consideran al fiscal un obstáculo más en la larga y tortuosa búsqueda de verdad y justicia.
Versiones contrapuestas y el nuevo encargado
En contraste, la presidenta Sheinbaum insistió que Gómez “ya había cumplido un periodo”. Afirmó que su salida responde a una decisión personal, no a una remoción oficial. Aun así, reconoció que los familiares ya habían solicitado su salida con anterioridad. Esto sugiere que las presiones externas influyeron de forma decisiva en el caso Ayotzinapa. La impunidad en Ayotzinapa es un tema recurrente.
El reemplazo provisional recaerá en Mauricio Pasarán, quien se incorporó recientemente a la Fiscalía. Según Sheinbaum, Pasarán “ya está muy familiarizado con el caso”. La mandataria también reiteró su compromiso con una “nueva visión” para la investigación. Prometió énfasis en el análisis científico, la revisión de llamadas telefónicas y la apertura de archivos militares.
Críticas persistentes y la herida de la impunidad en Ayotzinapa
Críticos del proceso advierten que los cambios en la fiscalía no garantizan un giro sustancial. No lo harán si no existe una voluntad real para enfrentar los intereses que han obstaculizado el caso Ayotzinapa por más de una década. La promesa de “no cerrar la carpeta hasta encontrar a todos los jóvenes” ha sido repetida por distintas administraciones. Sin embargo, los resultados visibles son escasos.
El caso Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014, sigue siendo una herida abierta en el país. Permanece como un símbolo de impunidad. Nueve años después, las familias continúan esperando respuestas claras y acciones firmes. Los cambios en el equipo de investigación, lamentablemente, generan más dudas que certezas. La impunidad en Ayotzinapa persiste, a pesar de los esfuerzos y promesas.
