Cancún, Quintana Roo.– Una controversia envuelve al gobierno de Tulancingo. Sus regidores de Tulancingo destinaron aproximadamente 400 mil pesos de fondos públicos para participar en un congreso en Cancún. El Congreso Internacional de Regidores y Concejales, celebrado del 1 al 4 de abril, sirvió de pretexto para un ostentoso viaje a la Riviera Maya.
El contrato número MTB/AD/STA/RECFIS/JCSH/01/2025 detalla el uso de recursos fiscales. Estos provienen directamente de los impuestos y contribuciones de la ciudadanía. La tesorería municipal, bajo la dirección de Lorena García Cázares, autorizó esta asignación directa. El Instituto Mejores Gobiernos, con sede en Guanajuato, gestionó la participación de 11 ediles. La justificación fue que este instituto es el “único que brinda eventos y capacitación para los regidores de los gobiernos locales”.
Un congreso opaco, un viaje costoso para regidores de Tulancingo
El costo total de la participación ascendió a 339,900 pesos. Esta cifra cubrió inscripciones y diplomas. También incluyó supuestos enlaces de fotografías y videos del Congreso. Sin embargo, lo más notable fue el disfrute de tres noches de hospedaje en el Hotel Grand Oasis, un lujoso complejo en la Riviera Maya, además de la alimentación. Cada regidor representó un gasto aproximado de 30 mil 900 pesos, sin contar el transporte, cuyo costo sigue sin transparentarse. La identidad de los regidores de Tulancingo que disfrutaron de este viaje aún permanece en secreto.
Esta inversión en “capacitación” contrasta fuertemente con las realidades de Tulancingo. Mientras sus regidores de Tulancingo se hospedaban en un hotel de lujo en la Riviera Maya, las calles de su municipio claman por rehabilitación. La ciudadanía sufre necesidades básicas desatendidas. La administración municipal ha fallado en justificar los beneficios tangibles de esta asistencia, aumentando la indignación pública.
Elevados salarios y la burla a la ciudadanía
En Tulancingo, un regidor percibe una dieta mensual bruta de aproximadamente 40 mil 416 pesos. Un síndico, por su parte, gana alrededor de 45 mil 560 pesos. Estos salarios, sumados a gastos como los del congreso en la Riviera Maya, evidencian un uso insensible de los recursos públicos. La falta de rendición de cuentas es una afrenta directa a los ciudadanos.
La opacidad en el gasto público suscita indignación. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se invierten sus impuestos y qué resultados concretos generan estas “capacitaciones” de lujo. La ausencia de información sobre los regidores asistentes y los supuestos aprendizajes de este viaje subraya una preocupante falta de transparencia. Esto es un claro despilfarro de los recursos que deberían atender las verdaderas prioridades de la gente.
