La extorsión, particularmente el cobro de “derecho de piso“, representa un delito grave y enraizado en México. Su combate ha sido históricamente insuficiente. En una entrevista exclusiva de Agenda QR con el periodista Miguel Aquino, el Lic. Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, abordó este fenómeno. Destacó su relevancia para la seguridad y la necesidad de una estrategia integral.
Galaviz Ibarra celebró que en Quintana Roo el cobro de “derecho de piso” ya se considera un delito grave en el Código Penal. Esto permite castigar y encarcelar a los responsables. Sin embargo, enfatizó la necesidad de una reforma en el Código Penal Federal. Solo así este delito grave se aplicaría de manera uniforme en más estados.
Fallas en el sistema de denuncia
El número de emergencia 089 existe para denunciar extorsiones y cobro de “derecho de piso“. No obstante, Galaviz Ibarra señaló una grave deficiencia: la información a menudo se queda solo en una llamada y no se procesa como una denuncia formal ante la Fiscalía. Esto impide el seguimiento adecuado y la apertura de expedientes de oficio, lo cual es crucial para el combate efectivo.
El experto destacó que uno de los mayores problemas es el temor de la ciudadanía a denunciar. Las amenazas de mayor presión si se presenta una denuncia disuaden a las víctimas. Por consiguiente, es vital reforzar el sistema. Cada llamada al 089 debería iniciar una carpeta de investigación. Además, la tecnología podría rastrear números o datos de cuentas bancarias. Así se fortalecería la confianza en la autoridad.
El origen carcelario de la extorsión
El presidente del Observatorio Legislativo resaltó un punto crítico y persistente: la mayoría de las extorsiones, incluido el cobro de “derecho de piso“, se originan en el interior de los penales. Coincidió con Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad. Sin embargo, lamentó que no se hable de cómo evitar la entrada de celulares a las cárceles. Esta es la principal herramienta de los delincuentes.
Galaviz Ibarra recordó que, en la Ciudad de México, los inhibidores de señal en los juzgados funcionaban bien. Lamentablemente, no impedían las llamadas desde el interior de los penales. Mientras no haya seriedad en este tema, la extorsión no terminará. La falta de acceso a teléfonos celulares para los reclusos es una medida básica y fundamental.
Recuperar la confianza y la acción integral
La baja tasa de denuncias se debe al miedo y la falta de confianza en la autoridad. El proceso de denuncia también resulta muy complicado. Si la gente no confía, no denunciará. Además, la colusión de policías en bandas de extorsionadores erosiona aún más la confianza. Los denunciantes temen represalias, pues creen que hay gente “de ellos” involucrada en la fiscalía.
Galaviz Ibarra insistió en la necesidad de un sistema integral. No bastan una o dos acciones. Se requiere una reforma profunda. La lentitud burocrática para acceder a información bancaria de cuentas usadas para extorsión también es un obstáculo. El cobro de “derecho de piso” ha cobrado vidas y provocado cierres de negocios, afectando gravemente la economía de comunidades enteras, como en Michoacán o Chilpancingo. En Quintana Roo, el grupo Centurión, con participación empresarial y de la Fiscalía, es un paso adelante, pero el pequeño comerciante sigue siendo el más vulnerable y el principal objetivo. La planificación del gasto empresarial ahora debe incluir, lamentablemente, el “derecho de piso”.
