Ciudad de México – El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el organismo encargado de la medición objetiva de la pobreza en México, ha desaparecido formalmente. Sus funciones se transfieren ahora al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En una entrevista exclusiva para Agenda QR con el periodista Javier Vite, el Dr. Saúl Arellano, investigador del programa universitario de estudios de desarrollo de la UNAM y especialista en Economía, Pobreza y Desarrollo Social, advierte sobre las serias implicaciones de esta decisión. El CONEVAL surgió en 2004, acumulando casi 20 años de experiencia en mediciones. Su creación respondió a cuestionamientos sobre el uso electoral de cifras en los años 90, buscando una medición que valorara el curso adecuado del desarrollo.
Un legado de autonomía
La Ley General de Desarrollo Social de 2004 estableció un comité técnico para la medición de la pobreza. Inicialmente, este comité estaba adscrito a la entonces SEDESOL, lo que generó críticas por ser “juez y parte”. Por consiguiente, una reforma constitucional en 2008 elevó al CONEVAL a rango constitucional, garantizando su autonomía. Dr. Arellano enfatiza que el CONEVAL fue una de las pocas instituciones autónomas que se mantuvo alejada de escándalos. Exhibió una línea de trabajo muy disciplinada y seria, obteniendo resultados fiables. Su metodología fue verificada por un consejo de académicas y académicos de alto prestigio nacional e internacional, asegurando objetividad, imparcialidad y cientificidad para la medición objetiva de la pobreza.
Pérdida de capacidades
La reforma constitucional que extingue el CONEVAL fue aprobada “el día de antier” en la Cámara de Diputados, asignando sus facultades al INEGI. Esta decisión conlleva la pérdida de una enorme formación de capital humano. Muchas personas contratadas por honorarios en el CONEVAL fueron despedidas, algunas sin liquidación, lo que implica la desaparición de conocimientos técnicos, científicos y teóricos fundamentales en la medición. Aunque el INEGI es una institución autónoma y capaz, carece de la experiencia específica del CONEVAL en evaluación de política social. Por lo tanto, el país perderá la capacidad de evaluar sus políticas públicas en el ámbito social de manera independiente, enfrentando una alta curva de aprendizaje para la medición objetiva de la pobreza.
Riesgo en las cifras de salud
Existe una profunda preocupación sobre la objetividad futura de las mediciones, especialmente en el indicador de salud. Dr. Arellano señala que el INEGI ya modificó la metodología para la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), sin suficiente claridad pública. Explica que la pregunta sobre salud, la cual la presidenta consideró “mal hecha”, fue alterada. La modificación permite a las personas decir que sí tienen servicios de salud, aunque, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del propio INEGI, la mitad de la población se atiende en consultorios de farmacia. Esta “privatización silenciosa” del servicio de salud podría maquillar las cifras, evitando reflejar la “catástrofe” previamente mostrada.
La supresión del CONEVAL y la centralización de la medición objetiva de la pobreza en el INEGI generan incertidumbre sobre la imparcialidad de los datos futuros. Esto es crucial frente a compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los de erradicar el hambre y la pobreza.
